En la actualidad, hay aproximadamente 22 millones de no nacionales que viven en los Estados miembros de la Unión Europea. Según Eurostat, un total de 4,5 millones de personas emigraron a la UE durante 2018, la mitad de ellas procedentes de países de fuera de la UE, es decir, nacionales de terceros países (NTP). Este grupo en particular se enfrenta a menudo a barreras legales y socioeconómicas en el proceso de su integración, en materia sobre todo de empleo, educación, acceso a la economía dominante e inclusión social. Las estadísticas de integración de inmigrantes de Eurostat en el mercado laboral indican que, en 2017, la tasa de desempleo de la UE para los inmigrantes nacidos fuera de la UE era un 6,4% más alta que la tasa de la población nativa. Al mismo tiempo, las estadísticas sobre vivienda muestran que en toda la UE-28, los ciudadanos no pertenecientes a la UE tienen más probabilidades de vivir en una vivienda hacinada que los nacionales.
Es de suma importancia la capacidad de incluir a los inmigrantes en la sociedad de manera una efectiva y de aprovechar su capacidad de contribuir al crecimiento social y económico de la UE. Las ciudades, que son imanes para los flujos de inmigrantes, son los lugares donde la necesidad de permitir la inclusión de los inmigrantes se presenta como una oportunidad que no debe desaprovecharse y como un potencial punto de inflexión para toda la sociedad.
Las autoridades locales son responsables de una amplia gama de servicios y actividades y desempeñan un papel importante en la configuración de la interacción entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. Por ello, las ciudades están mejor posicionadas para alcanzar los objetivos de integración y su contribución se considera muy importante, tanto a nivel de la UE como de cada país. Sin embargo, solo el 54% de ellas dispone de una estrategia específica que cubra todos los sectores implicados en la integración de los inmigrantes, según la OCDE.
El proyecto EPI aborda precisamente estas cuestiones, ya que se dirige específicamente a las ciudades para desarrollar una Estrategia de Integración, basada en las necesidades actuales y las prioridades reales de las ciudades (identificadas a través de un Análisis Intercultural Interno) y que tiene en cuenta los puntos de vista tanto de las partes interesadas públicas como de las privadas (Proceso Participativo). El proyecto sigue el enfoque del Programa de Ciudades Interculturales (ICC, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa y utiliza sus herramientas, como el Índice ICC.
Las enseñanzas de aquí extraídas se difundirán a través de las redes locales, regionales, nacionales e internacionalesa fin de aprovecharlas al máximo y contribuir al objetivo general de integración en Europa.
A través del Programa de Ciudades Interculturales (ICC), las ciudades han demostrado que la diversidad se puede gestionar como un recurso, maximizando los beneficios sociales y económicos que brindan las comunidades heterogéneas y minimizando sus posibles efectos negativos. Para ello, precisan analizar una serie de instituciones, servicios y políticas y crear las estructuras y mecanismos de gobierno apropiados para eliminar obstáculos y mejorar la integración de los inmigrantes y las minorías y su contribución al desarrollo de la ciudad.